viernes, 26 de septiembre de 2014

EDUARDO PALOMAR BARÓ: 10 de mayo de 1931: la quema de conventos


Durante los días 10, 11, 12 y 13 de mayo de 1931, cuando aún no había transcurrido un mes desde la proclamación republicana, en Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, Murcia, Cádiz y Sevilla, se produjeron las primeras manifestaciones violentas del más desenfrenado anticlericalismo con asaltos, saqueos e incendios de iglesias, monasterios y conventos, que la fuerza pública no impidió, porque tanto la Guardia Civil como los Bomberos permanecieron al margen. Casi un centenar de edificios religiosos quedaron total o parcialmente destruidos.


Ataques sistemáticos contra la Iglesia desde 1931 


A los veintisiete días de la proclamación de la II República se iniciaron una serie de graves acontecimientos en Madrid el 10 de mayo de 1931 en la que una chusma, dueños de la calle, se dedicaron a quemar conventos, ante la impasibilidad de las fuerzas de Orden Público.


Algo venía fraguándose desde hacía tiempo y así el entonces secretario del “Comité Central de la Juventud Comunista”, Enrique Matorras, aseguró que en una junta celebrada en el día 10 de mayo, con asistencia de dirigentes comunistas y de dos delegados de la III Internacional, se acordó plantear la huelga general, el asalto a las armerías y la fraternización de soldados y obreros, de conformidad con consignas de Moscú.

El periódico de la Unión Soviética, Pravda, en ruso: “verdad”, y que fue el “órgano” del Partido Comunista entre 1818 y 1991, publicó con fecha 16 de febrero de 1931 las siguientes instrucciones de la III Internacional a la Sección Española.

1ª. Las organizaciones deberán luchar por el derrocamiento de la Monarquía y establecer un Gobierno de obreros y campesinos. 2ª. Por la confiscación de los bienes de la Iglesia y por la denuncia al Concordato. 3ª. Deben ser confiscados también los bienes de los grandes propietarios de tierras y repartidos entre los labriegos. 4ª. Pondrán término a todos los privilegios de la Iglesia Católica. 5ª. Pedirán la supresión de las congregaciones religiosas. 6ª. Deben abandonar los métodos moderados y preparar la lucha organizada.

También el 10 de mayo se celebró una reunión en la sociedad titulada “Círculo Monárquico Independiente”, trascendiendo a la calle la noticia de que estaban tramando una conspiración contra la República, lo que enardeció a las turbas, que se lanzaron al asalto del mencionado círculo monárquico, incendiando los coches que estaban estacionados, quemaron un quiosco de El Debate e intentaron asaltar el edificio de ABC de la calle Serrano, diario monárquico al que se le acusaba de ser inspirador de la provocación. Fuerzas de la Guardia Civil protegieron el edificio, pero los revoltosos intentaron penetrar en el periódico, obligando a las fuerzas del orden público a abrir fuego, resultando dos muertos y varios heridos. Se propagó la noticia de que el número de víctimas era altísimo, creando un estado de nerviosismo propicio para desencadenar un motín.

Se preparó para el día siguiente, la quema de conventos de Madrid como protesta por la lenidad del Gobierno en materia clerical. Y así frente a la residencia de los Jesuitas y templo de San Francisco de Borja, rociaron las puertas con gasolina y pronto el edificio ardía en llamas, mientras los guardias civiles y los bomberos permanecían inmovilizados por órdenes que les prohibían toda intervención. En vista de esa impunidad, la masa se dedicó a quemar iglesias y conventos.

La versión oficial de los sucesos


El ministro de la Gobernación, don Miguel Maura Gamazo, reunió a los periodistas a los que hizo el siguiente relato de los sucesos:

“Habían solicitado los de la Acción monárquica independiente permiso para celebrar una reunión en su local social, que se les ha concedido dentro de la ley. Nadie tenía noticia de que dicha reunión se celebraba y poco después del mediodía un grupo de jóvenes salió de dicho domicilio social, dando gritos de viva el Rey y muera la República. Los mecánicos de los taxis que estaban frente a dicho edificio gritaron viva la República, y fueron agredidos por los monárquicos. La gente se arremolinó y formó un grupo compacto, que en protesta airada quiso asaltar el edificio. Se cerraron las puertas y acudieron fuerzas de Seguridad. El grupo llegó a tener poco más de mil personas, y poco después el ministro de la Gobernación pasaba por el lugar del suceso y se enteraba de lo sucedido.
Apenas llegado al ministerio de la Gobernación dio las órdenes necesarias para lograr estas dos cosas: que el local fuera desalojado sin daño para las personas y que fueran detenidos los responsables del tumulto, que con sus gritos subversivos habían producido la excitación de los ciudadanos. Fueron desalojadas poco a poco las personas del local y conducidas algunas a la Dirección General de Seguridad en un camión de este Centro. A las cinco de la tarde el ministro de la Gobernación volvió al lugar del suceso y dirigió la palabra a la muchedumbre, rogándola que se retirase y que dejase a la Guardia Civil cumplir su cometido de conducir a los últimos detenidos a la Dirección General de Seguridad. La multitud permanecía estacionada en actitud hostil ante el edificio.
A las cinco y media se había disuelto sin más incidentes que haber quemado dos automóviles, propiedad uno de don Juan Ignacio Luca de Tena y otro cuyo propietario se ignora. A las tres y media de la tarde una manifestación numerosa se dirigió al periódico ABC, en son de protesta, acercándose a la puerta, llamando para que se les abriera y parece que intentaron quemarla, rociándola previamente con algún combustible. En ese momento, desde las ventanas altas del edificio se hicieron varios disparos contra la muchedumbre, resultando herido de un balazo el portero del número 68 de la calle de Serrano, y un muchacho de trece años. Fueron trasladados a la Policlínica de la calle de Tamayo, donde se les dio la asistencia facultativa necesaria. Al tener el ministro de la Gobernación noticia de los sucesos requirió al fiscal de la República para que a su vez requiriera del juez un mandamiento judicial para practicar un registro en ABC y en su caso para la clausura del local. Fuerzas de la Guardia Civil y comisarios de la Policía, con el oportuno mandamiento judicial, fueron a ABC y practicaron el registro que a primeras horas de la madrugada, hora en que el ministro dicta estas líneas, parece que no ha terminado; pero se han encontrado en efecto algunas armas.
En vista de esto el ministro, amparado por la orden del juez ha dispuesto que esta misma noche queden clausurados el periódico y la redacción y sea detenido don Juan Ignacio Luca de Tena, que según noticias que el ministro tiene quedará a disposición del director general de Seguridad en plazo brevísimo, dentro de esta misma noche, y dar comienzo al proceso para indagar las responsabilidades, no sólo por lo ocurrido hoy, sino también por la insistente campaña de provocación y alarma que ese periódico viene realizando”.

El Presidente de la II República Niceto Alcalá Zamora, afirmó que Miguel Maura “permitió o favoreció con su actitud la propagación de los incendios”. Desde luego, no debe sorprender la indiferencia de las autoridades civiles ante hechos tan graves, si se considera que en Málaga el gobernador militar González Caminero ordenó la retirada de la fuerza pública que trataba de evitar el incendio y la destrucción del Palacio Episcopal y la Residencia de los Jesuitas. El mismo gobernador envió al ministro de la Guerra, Manuel Azaña Díaz, el siguiente telegrama: “Hoy ha comenzado quema de conventos. Mañana continuará”.

Estos luctuosos sucesos demostraron lo que Sánchez Albornoz plasmó en espléndida frase: “Los viejos republicanos eran masones y rabiosamente anticlericales”. Esta actitud queda confirmada también por un episodio singular referido por el ya mencionado Maura: “Al proclamarse la República, recibí, cuando hacía unas horas estaba en el Ministerio de la Gobernación, un telegrama del alcalde de un pueblo cuyo nombre no hace al caso: ‘Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación. Madrid. Proclamada la República. Diga qué hacemos con el cura’.

Desde ese momento quedaron enturbiadas las relaciones entre la República y la Iglesia, como reconocieron los más calificados exponentes políticos del momento.

Alejandro Lerroux García, líder del Partido Radical, afirmó que los incidentes de mayo habían sido “un crimen impune de la demagogia” y Miguel Maura admitió que se trató de un “bache”, que podía haber sido definitivo para el nuevo régimen, si bien fue superado.

Los acontecimientos relatados por los diarios


El martes 12 de mayo de 1931 aparecieron las portadas de los diarios con grandes titulares anunciando los graves acontecimientos acaecidos en Madrid el domingo 10 de mayo. Y así, Solidaridad Obrera, órgano de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña y portavoz de la Confederación Nacional de Trabajo de España, en su número 149 del 12-V-1931, se podía leer:

¡Pueblo! Las hordas monárquicas atacan la libertad. Defiéndela con energía. El pueblo de Madrid, con gesto viril rechaza la emboscada. Quema de numerosos conventos. Se ha declarado el estado de guerra. Los monárquicos embriagan a unos gitanos, les dan dos pesetas, los arman de porras y les dicen que vitoreen al Borbón. La C.N.T. invita al paro general, como protesta ante la ofensiva reaccionaria, pero la U.G.T. ordena la vuelta al trabajo. Dámaso Berenguer ha sido de nuevo encarcelado. Disolución del Consejo de Guerra y Marina. Son diez los conventos quemados. El Ateneo pide la dimisión de Maura.

El diario gráfico Ahora en su número 126, también del martes 12 de mayo de 1931, aparece en huecograbado el general Queipo de Llano “leyendo el bando de proclamación del estado de guerra y dirigiendo una vibrante alocución a las masas, invitándolas a respetar la República y conservar el orden”, y en la primera página se narraban, en plan casi telegráfico, los principales acontecimientos de la jornada:

“En Madrid fueron incendiados diez conventos, varios de los cuales quedaron completamente destruidos”. “Una imprudente manifestación de un grupo de jóvenes monárquicos provoca graves disturbios”. “Las masas se dirigen a la redacción de ‘ABC’, intentando asaltarlo, y son contenidas a tiros”. El director de ‘ABC’ ha sido encarcelado”. “Se intentó paralizar la vida de Madrid, y la Unión General de Trabajadores y el partido socialista lucharon enérgicamente por mantener el orden”. “El Gobierno declara enemigos de la República a los perturbadores”. “Ha sido encarcelado de nuevo el general Berenguer”. “También han sido detenidos don Galo Ponte y el almirante Cornejo”. “Se ha proclamado en Madrid la Ley Marcial”. “A última hora la tranquilidad es completa y el Gobierno confía que no volverá a ser turbada”.

El Editorial, bajo el título de “Al lado de la República y frente a los perturbadores”, decía así:

“Sin la más leve vacilación. Lo ocurrido ayer es francamente censurable. No hay nada que pueda disculparlo. Sólo es posible reconocer que las extemporáneas manifestaciones de entusiasmo monárquico han servido de pretexto para que las masas sin control, sin dirección, sin ninguna orientación política ni social, guiadas sólo por un instinto de subversión, se lanzasen a tomarse por su mano lo que ellas llamaban su justicia. La mañana de ayer en Madrid tenía un aire trágico y doloroso. Unas horas la ciudad vio cómo unos grupos extremistas irresponsables pretendían arrastrar a la gran masa republicana a un movimiento que, en definitiva, no iba a ir más que en daño del régimen republicano. Porque desde el primer momento del cambio del régimen nos pusimos franca y lealmente al lado de la República, convencidos de que ésta es la única salvación de España en el trance a que unas tristes circunstancias la han llevado, podemos hoy sin ningún temor condenar el movimiento de ayer, sin tener que hacer distingo de ninguna clase y sin que podamos despertar el recelo de que es ir contra la República esta condenación terminante que hacemos de lo ocurrido. En este trance queremos dejar bien sentada nuestra posición. Con el Gobierno y frente a los perturbadores. Que éstos no son ninguna fuerza organizada y consciente nos lo demuestra ese mismo tipo de movimiento histérico que tenían los hechos de ayer. Frente a esta demostración irreflexiva se registraba un hecho que lealmente hemos de consignar. El de la organización y disciplina de las masas socialistas, que fueron las que, aunque infructuosamente en gran parte, intentaron mantener la vida de la capital dentro del orden. Fueron ellos mismos quienes, cuando la fuerza pública se hallaba en absoluto inhibida, dieron la cara ante los alborotadores y se resistieron a secundar la orden de paro dada aún no se sabe exactamente por quién. Después de este esfuerzo meritorio, aunque poco eficaz, vino, aunque tarde, la actuación del Gobierno provisional, que manifestó de manera ostensible que, si bien el origen de los sucesos y la imputación de debilidad con los monárquicos que las masas pudieran hacerle habían paralizado su acción, era capaz de operar en su seno la reacción necesaria para que la capital de España no quedase por más tiempo a la dictadura de unas masas de pasión y sin ningún control. La declaración del estado de guerra, a las cinco de la tarde, terminó aquel amenazador espectáculo. El Gobierno estaba dispuesto a hacerse respetar. Un poco tarde venía, quizás, la resolución. Cabe aceptar que los miembros del Gobierno quisieran cargarse de razón antes de intervenir. Objetivamente la explicación no es satisfactoria. La disculpa de que los elementos defensores del régimen caído habían sido los provocadores de los sucesos, para llevar a la impopularidad a los ministros, comprometiéndoles en una represión sangrienta, no es del todo válida. Un Gobierno debe actuar como tal Gobierno, sean cuales fueren las circunstancias. Lo importante y, en medio de todo, satisfactorio, es que, al fin, se dio la sensación de que en España se gobierna. Porque creemos esto imprescindible para la vida de la nación es por lo que reiteramos en este momento nuestro lema: al lado de la República; frente a los perturbadores”.

En sucesivas páginas se hacía mención a varias noticias, bajo los siguientes titulares:

“La multitud incendió doce conventos”. “La completa destrucción de la residencia de los Jesuitas de la calle de la Flor”. “Los manifestantes penetran en el convento y arrojan por las ventanas muebles y enseres”. “Arde el convento de los Carmelitas”. “Incendio del Instituto Católico de los Jesuitas en la calle Alberto Aguilera”. “Fue quemado el convento de Maravillas”. “Incendio del convento de las Mercedarias”. “Las monjas Bernardas se refugian en la Diputación”. “El público saca del convento las momias de varias monjas y las deposita en un edificio donde estén a salvo de las llamas”. “En Chamartín de la Rosa quemaron el convento del Sagrado Corazón”. “La llegada del general Orgaz evitó que el colegio de los Jesuitas corriera la misma suerte”. “Prenden también las llamas en un convento de Salesianas”.

El Gobierno, reunido en la Presidencia desde las nueve de la mañana del 11 de mayo, recibía continuas noticias de los desórdenes y sabía a cada momento el convento al que le correspondía arder. Los ministros discutían sobre la situación, sin resolverse a adoptar ninguna medida para acabar con aquella barbarie desatada.

Alcalá Zamora propuso que se decidiese por votos si se debía acudir o no a la Guardia Civil para reprimir por la fuerza los desmanes. Por mayoría se acordó que no, siendo el que más categóricamente se opuso a toda acción represiva fue Manuel Azaña, cuyo criterio quedó expresado en la frase. “Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano”.

Hacia las cuatro de la tarde y en vista de que la fiebre anárquica no remitía, acordaron declarar el estado de guerra. Al mes de instaurada la República, sus progenitores no encontraban otra solución a la orgía populachera que resignar el poder en manos del Ejército.

Se declara el estado de guerra. La lectura del bando, por el general Gonzalo Queipo de Llano Sierra, es acogida con aplausos y vivas a España, a la República y al Ejército.

Así comentaba la noticia el diario gráfico Ahora del martes 12 de mayo de 1931:

“A las dos y media de la tarde llegó a la Puerta del Sol una compañía del regimiento de León, con banda de música y cornetas, al mando de un teniente coronel, para proclamar el estado de guerra. La presencia de las tropas fue aclamada con entusiasmo por parte del numeroso público que presenció el acto.
El bando dice así: Artículo 1º. Quedarán sometidos a la jurisdicción de Guerra: Primero. Los delitos de rebelión, sedición y sus conexos y todos los demás que afecten al orden público. Segundo. Los delitos que se cometan contra la seguridad e integridad de la Patria. Tercero. Los delitos que se cometan contra la libertad de contratación y del trabajo, sea cualquiera la naturaleza de éste, y las coacciones que tiendan al mismo fin. Cuarto. Los que se realicen o tiendan a causar desperfectos en cualquier clase de vías de comunicación telegráfica y telefónica o dificultar la circulación de trenes, tranvías, vehículos de servicio público o de transporte de mercancías, así como los de incendio y daños. Quinto. Los de injuria, insulto o amenaza, de hecho o de palabra, a todo militar que desempeñe funciones propias del servicio, sea cualquiera la graduación de aquél. Sexto. Las personas que promuevan o asistan a reuniones o manifestaciones no autorizadas legalmente. Séptimo. Los que por medio de la imprenta, grabado u otro medio mecánico de publicidad exciten directa o indirectamente a cometer delitos comprendidos en este bando: los repartidores o vendedores de los ejemplares de publicaciones encaminadas a ese propósito y los que fijen pasquines dirigidos al mismo fin. Octavo. Los que tiendan a impedir el abastecimiento público de artículos de primera necesidad. Noveno. Los que maliciosamente causen daños en establecimientos comerciales o puestos de venta, considerándose como delito sea cualquiera su cuantía. Artículo 2º. Serán disueltos por la fuerza los grupos de más de tres personas que se formen en la vía pública si se resistieren a las intimaciones que previamente se les haga. Artículo 3º. Los funcionarios públicos o Corporaciones que no presten el inmediato auxilio que por mi autoridad o por mis subordinados sea reclamado para el restablecimiento del orden o para la ejecución de lo mandado en este bando serán suspendidos inmediatamente en su cargo, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad criminal, que les será exigida por la jurisdicción de Guerra. Artículo 4º. Aprehendidos “in fraganti” los reos de los delitos anteriormente señalados, podrán ser sometidos a juicio sumarísimo y dictada y ejecutada la sentencia con arreglo al Código de Justicia militar. Artículo 5º. Las autoridades civiles continuarán funcionando en todos los asuntos de sus atribuciones que no se relacionen con el orden público, limitándose, en cuanto a éste, a las facultades que mi autoridad les delegue. Artículo 6º. Para circular dentro del territorio declarado en estado de guerra fuera del casco de la población de Madrid, los conductores de automóviles, motocicletas y bicicletas necesitan ir provistos de una autorización especial que habrán de solicitar de la Dirección General de Seguridad. Madrid, 11 de mayo de 1931. Gonzalo Queipo de Llano Sierra.
El público dio vivas a España que contestó el jefe de la fuerza: a la República y al Ejército al servicio de ésta. La fuerza desfiló después por la calle de Alcalá en dirección al ministerio de la Guerra, seguida de numeroso público”.

Un incidente que acaba con el himno de Riego 


A las dos y cuarto de la tarde, un teniente de Caballería del Cuerpo de Seguridad, que se encontraba en la Puerta del Sol, frente a la calle Arenal, con unos guardias a sus órdenes, hizo un movimiento rápido en el preciso instante en que un grupo de huelguistas hacía su entrada en la Puerta del Sol, subidos en un automóvil decorado que usaban los jesuitas para llevar las imágenes en las procesiones.

El movimiento de los guardias fue interpretado por la gente como una ofensiva y la emprendieron a pedradas con ellos, arrojándoles además algunas astillas que arrancaban de las andas. Precisamente en aquellos momentos llegó a la Puerta del Sol la compañía del regimiento de León que iba a proclamar el estado de guerra. La multitud pidió que la banda ejecutase el himno de Riego, que fue acogido con grandes aplausos y vivas a la República. La llegada de la tropa fue muy oportuna, pues de otra forma tal vez hubiera ocurrido un incidente con los guardias”.

Sectarismo y anticlericalismo desenfrenado


Quedó claramente demostrado que la II República desde el primer momento se caracterizó por su sectarismo antirreligioso. Los ataques contra la Iglesia fueron sistemáticos desde que nació el régimen el 14 de abril de 1931. Un poco antes del mes del triunfo republicano ya se produjeron, como hemos visto, las primeras manifestaciones violentas del más desenfrenado anticlericalismo, con asaltos, saqueos e incendios de iglesias, monasterios y conventos, que empezaron en Madrid para extenderse rápidamente por toda España, en especial a algunas de las provincias andaluzas.

Las tensiones a partir de mayo de 1931 crecieron antes del verano tras el destierro del obispo de Vitoria, Mateo Múgica, ya que según el Gobierno era el autor de manifestaciones carlistas y antirrepublicanas en las tres provincias vascas. Esta decisión fue tomada por Maura el 17 de mayo, pero el presidente Alcalá Zamora presentó su dimisión por el hecho, si bien la retiró inmediatamente, porque los ministros le prometieron “que no se repetirían iniciativas ni desafueros parecidos”. Pero ello no fue cierto, ya que el 15 de junio fue expulsado de España el cardenal Pedro Segura porque se había lanzado “al ataque contra la República, sin rodeo ni espera, con arengas, más que pastorales, de intempestiva y provocadora profesión de fe monárquica”. Desde luego su fidelidad a Alfonso XIII no fue ajena a su expulsión.


Polémico artículo 26 de la Constitución


El 21 de agosto de 1931 fue publicado en la Gaceta de Madrid un decreto por el que se suspendía la facultad de venta de los bienes eclesiásticos, motivada en la “oposición irreductible de algunos jerarcas supremos de esta Iglesia” y en la “hostilidad de determinados y concretos directivos”. La tirantez creció hacia el final del verano, al discutirse en las Cortes el texto constitucional elaborado por la comisión presidida por el socialista Jiménez de Asúa, y a partir de del 14 de octubre, tras la formación del segundo gobierno provisional, presidido por Manuel Azaña.

Surgió una gran polémica a raíz del debate sobre el artículo 26, ya que mientras los miembros de la comisión dictaminadora propugnaban un texto moderado, que reconociera la separación de la Iglesia del Estado, los socialistas, que eran (y siguen siéndolo) mucho más radicales en sus planteamientos frente a la Iglesia, pidieron que todas las confesiones religiosas fuesen consideradas como asociaciones sometidas a las leyes generales de la nación, que se prohibiera al Estado la ayuda económica a cualquier iglesia, asociación o institución religiosa, que no se permitiera en el territorio español la existencia de las órdenes religiosas, que fueran disueltas todas las existentes y nacionalizados todos sus bienes.

La intervención parlamentaria de Azaña minimizó la propuesta exaltada de los socialistas, consiguiendo un artículo 26 más moderado, aunque era durísimo para la organización eclesiástica. De esa forma se intentó evitar un choque frontal inmediato con la Iglesia, garantizando la continuidad de su colaboración con el régimen republicano, aunque como es lógico, las reservas de los obispos, del clero y de los católicos fueron cada vez mayores.

El impacto producido ante la opinión pública católica fue tremendo, porque el artículo 26, pese a las modificaciones conseguidas por Azaña, fue un ataque abierto contra la misma Iglesia. Así, Gil Robles denunció en las Cortes que la nueva Constitución era una “medida persecutoria” contra la Iglesia. Prevaleció una vez más el “sañudo anticlericalismo” de los inexpertos republicanos, cuando “la República tenía mil problemas mucho más graves y mucho más urgentes”. 

Como podemos observar la historia es tozuda y se repite. Todo ello ocurría hace ahora unos 83 años, y sin embargo aparece como de una absoluta y rabiosa actualidad. Según Niceto Alcalá Zamora: “Se hizo una Constitución que invitaba a la guerra civil”. Y para Alejandro Lerroux: “La Iglesia no había recibido con hostilidad a la República. Su influencia en un país tradicionalmente católico era evidente. Provocarla a luchar apenas nacido el nuevo régimen era impolítico e injusto, por consiguiente, insensato”. Para Ortega y Gasset: “Esa tan certera Constitución ha sido mechada con unos cuantos cartuchos detonantes introducidos arbitrariamente en ella... El artículo donde la Constitución legisla sobre la Iglesia me parece de gran improcedencia, y es un ejemplo de aquellos cartuchos detonantes”.

El odio y la lucha desatada entre diputados, así como el dogmatismo y la intolerancia fueron muy parejos en las dos Españas. Católicos y laicos se enfrentaron con las mismas armas. Estas actitudes llegó a lo que ya se temía, el estrepitoso fracaso de la República, porque ésta quiso implantar unos ideales completamente contrarios a los que predominaban en la sociedad española. El enfrentamiento con la Iglesia hirió la sensibilidad de la mayoría de españoles y provocó la reacción airada de los católicos.

Así se llegó a la revolución de Asturias del 6 de octubre de 1934


La Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. Al día siguiente fue elegido presidente de la República Niceto Alcalá Zamora. La legislación abiertamente antirreligiosa no se hizo esperar. El día 16 de enero de 1932 los maestros nacionales recibieron una circular que les obligaba a retirar de las escuelas todo signo religioso, y en aplicación del artículo 43 de la Constitución, eran suprimidos los crucifijos. El 24 de enero era disuelta la Compañía de Jesús. El 2 de febrero era aprobada la Ley del Divorcio. El día 6 quedaron secularizados los cementerios. A partir del 11 de marzo quedaba suprimida la asignatura de ‘Religión’ en todos los centros docentes.

La disposición más polémica fue la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, aprobada el 17 de mayo de 1933, calificada por los partidos de izquierda como “obra maestra de la República”.

Muchos diputados católicos reprobaron dicha ley, entre ellos el catalán Carrasco Formiguera que llegó a decir: “Los republicanos católicos nos sentimos engañados por no haber respetado la República nuestros sentimientos y faltado a sus promesas”.

Esta inicua ley limitó el ejercicio del culto católico y lo sometió en la práctica al control de las autoridades civiles, con amplio margen para el arbitrio personal de los poderes municipales.

Disueltas las Cortes Constituyentes el 10 de octubre de 1933, se celebraron elecciones a Cortes ordinarias el 19 de noviembre, dando un resultado favorable a las derechas. Tras la apertura de las Cortes el 8 de diciembre, hubo un intento fracasado de revolución anarcosindicalista para implantar el comunismo, que comenzó por Aragón, siguiendo por La Rioja y varias provincias de Valencia, Andalucía y Galicia.

El malestar fue creciendo a medida que transcurrían los días, con frecuentes huelgas, atracos e incendios de alguna iglesia, agravándose la situación durante la primavera y el verano de 1934.

El 4 de octubre de 1934 hubo una huelga general unida a un movimiento revolucionario en toda España, que triunfó en Asturias y Cataluña, fracasando en el resto del país. El día 6 Luis Companys, con una irresponsabilidad patética, proclamó en Barcelona el “Estat Català”, que duró poco tiempo, ya que la sublevación quedó controlada por el Ejército bajo el mando del capitán general de Cataluña Domingo Batet. Así pues, el Estado independiente catalán había durado diez horas.

Otro hecho histórico que al cabo de tantos años, vuelve a estar, desgraciadamente en el año 2014, agitado por ese otro irresponsable independentista el ‘iluminado’ Artur (antes Arturo) Mas agitando y reavivando la separación de Cataluña de España, alentada por miles de fanáticos catalanistas que bajo los mitos, falsedades y falacias, aleccionadas y promovidas desde los primeros años en las escuelas con completa enseñanza en el idioma catalán, tergiversando maliciosamente la formación de los escolares, principalmente en historia, geografía y humanidades.

Más grave fue la revolución en Asturias, dominando los alzados contra la República, las cuencas mineras, haciéndose dueños de Oviedo, el 6 de octubre de 1934. Según Gregorio Marañón: “La sublevación de Asturias en octubre de 1934 fue un intento en regla de ejecución del plan comunista de conquistar España”.

La revolución tuvo raudales incomprensibles de sangre y mucho de odio. Se abolió la propiedad privada, se emitieron vales de consumo, para obtener en los comercios comida, vestidos y diversos enseres. Prohibieron toda manifestación religiosa, quemando templos, incendiando el Palacio Episcopal y del Seminario, y arrasando casas particulares. Los religiosos y sacerdotes fueron considerados enemigos del pueblo y se dio orden de detenerlos a todos. Durante las jornadas revolucionarias fueron 33 los sacerdotes y religiosos ejecutados.

Con la victoria del Frente Popular el 16 de febrero de 1936, llegó a su apogeo la persecución religiosa, desencadenando un vandalismo destructivo hacia las obras de arte, las profanaciones, los asesinatos, los saqueos, los incendios, las torturas, las violaciones, las checas, el tiro a la nuca, etc.

Todo este cúmulo de horrores fueron debidos al odio inculcado por la ideología marxista-leninista que se traduce en el comunismo práctico. El historiador Stanley G. Payne, nada sospechoso de católico, escribió: “La persecución de la Iglesia católica ha sido la mayor en Europa Occidental, incluso superior a los momentos más crudos de la revolución francesa”.

El que fuera embajador de Francia en Madrid, Eirik Pierre Labonne, describió así la situación: “La España republicana se dice democrática. Su gobierno desea desarrollar sinceramente en España los principios democráticos. Se declara respetuosa de la libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión. Ha aceptado el ejercicio del culto judío y protestante. Pero no tolera para nada el catolicismo, que no goza ni de libertad de conciencia ni mucho menos de libre ejercicio de culto [...] Después de las masacres en masa de los miembros del clero, nadie quiere acercarse a las iglesias católicas. Las iglesias son devastadas, las calles están llenas de gente pero los edificios religiosos parecen lugares con peste”.

Epílogo


Al atardecer de aquel aciago 11 de mayo de 1931, el cielo madrileño aparecía enlutado por el humo de los incendios. No era sólo la quema de conventos y templos, sino también profanaciones y sacrilegios que acentuaban el carácter criminal y vandálico del espectáculo ignominioso. Una vez finalizado el infausto 11 de mayo, la iniquidad quedaba impune y sobre la ciudad flotaban los nubarrones de humo, testimonios de la abominación triunfante. Era el primer paso de lo que se convertiría en la “República del terror y del crimen”.

Eduardo Palomar Baró


BIBLIOGRAFÍA 

  • “Gaceta de Madrid” 21 de agosto de 1931.
  • Diario gráfico “Ahora”.
  • “El advenimiento de la República” Josep Pla. Ed. Destino 1933.
  • “Nueva y definitiva historia de la Guerra Civil”. Ricardo de la Cierva. Época.
  • “Estudios sobre la República y la guerra civil española”. Raymond Carr. Sarpe 1985.
  • “1934: Comienza la Guerra Civil”. Pío Moa. Ediciones Áltera, S.L.
  • “Solidaridad Obrera” nº 149. 


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