“Extremadura: de la República a la España de Franco” (Presentación)

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Al prologar la Tesis Doctoral de Julio Aróstegui, Vicente Palacio Atard, el prestigioso catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense, escribía unas palabras que volvía a ratificar en octubre de 1977 en su introducción a una historia de la España del siglo XIX: «Pocas cosas he pretendido yo enseñar en las aulas de la Universidad, como no sean estas tres que a continuación declaro». La tercera de las cosas enunciadas era:

«El respeto a los hombres que fueron protagonistas del pasado, remoto o próximo, y cuyas pasiones, actos y pensamientos hemos de intentar comprender “sine ira et studio”, para no trasponer a ellos nuestra propia pasión; porque la historia como ciencia se justifica precisamente por esa capacidad de comprensión que, si es usada rectamente, debe hacerla instrumento de paz entre los hombres y no de guerra, de concordia y no de discordia, de diálogo iluminador de nuestra inteligencia y no de imposición coactiva de cualquier dogmatismo cerrado»[1]

Por aquellas mismas fechas, Ramón Salas Larrazábal hacía públicos los resultados de una larga investigación acerca de las pérdidas humanas en la Guerra Civil Española y manifestaba que su intención era «rescatar el tema de ese terreno beligerante, condicionado por solicitaciones más o menos interesadas en ofrecer una determinada y preconcebida imagen de los hechos, y devolverlo al limpio campo de la investigación histórica»[2].

Los muertos de la Guerra Civil sacados del terreno beligerante para llevarlos al de una historiografía entendida como ciencia al servicio de la paz, la concordia y el diálogo. Un programa tan ambicioso y generoso, empezó a ser reemplazado muy pronto por otro proceso en el que las víctimas de la guerra volvieron a ser agitadas unilateralmente por la izquierda al tiempo que se empezaba a reivindicar la necesaria revisión de lo ocurrido en la Segunda República, la Guerra Civil y la España de Franco bajo el señuelo de la llamada recuperación de la memoria histórica.

La presión de los sectores más radicales con los que se alineba el Gobierno a cuya agónica extinción asistíamos cuando se escribieron estas líneas, precipitaron la aprobación de una Ley[3] que, siendo fiel expresión de estos principios, encubre la voluntad característica de los sistemas políticos totalitarios: dar refrendo jurídico a una interpretación del pasado y sentar las bases para que en su día se apliquen medidas punitivas contra los disidentes.

La Ley citada, cae en el absurdo jurídico de elevar a doctrina valoraciones propias del terreno historiográfico y, además, vulnera gravemente la verdad cuando se cita entre los que lucharon por la defensa de los valores democráticos a los brigadistas internacionales y a los combatientes guerrilleros; a no ser que se entiendan dichos valores democráticos como los concebía Stalin, principal inspirador de ambas iniciativas.

Se reconoce de manera generalizada que estos planteamientos, así como su cobertura jurídica mediante la llamada Ley de la memoria histórica, significan la ruptura del consenso que se produjo en los años de la Transición y, en última instancia, una puesta en cuestión de la propia legitimidad de dicho proceso que acabaría desembocando en una nueva etapa constituyente. Pero lo cierto es que la recuperación de la memoria histórica forma parte de un amplio proyecto de carácter cultural que tiene necesidad de un holocausto, de un genocidio para la descalificación sin paliativos de los vencedores en la Guerra Civil, primer paso para la reivindicación de la Segunda República con cuya presunta legitimidad pretenden conectar a la España actual la extrema izquierda y los regionalismos separatistas. Cuantos más anatemas recaen sobre las consideradas fuerzas oscuras del pasado, más se esforzarán nuestros contemporáneos en romper cualquier solidaridad con ellas.

Como han puesto de relieve otros historiadores europeos, la elaboración de discursos que eluden los análisis complejos y propagan el simplismo de una historia de “buenos y malos”, tiende a imponer unos valores sustentados desde el presente. En suma, se priva a los ciudadanos que se preguntan sobre problemas que a veces les afectaron directamente, a ellos o a su familia, de las posibilidades que la historia y el método de investigación histórica aportan como única herramienta para un conocimiento racional del pasado.

La memoria no es puro recuerdo biográfico sino conciencia formada por un tejido de experiencias, ideas, valores asumidos, lecturas o transmisión de otras informaciones. Por eso, todo lo que se construye bajo la etiqueta de la memoria histórica es una mezcla de amargura y parcialidad, escrita bajo la influencia de odios demasiado recientes. Pero no basta con esperar sentados a que la memoria histórica se agote en su propia esterilidad. Puesto que no pertenece al patrimonio científico de la historia debe ser dejada a un lado en el debate intelectual y carecer de cualquier aplicación docente o jurídica. Pero al haber sido ya asumida por la oligarquía política, una sociedad democrática madura (si lo es la española) tendrá que descubrir que los verdaderos historiadores no se consideran en posesión de una verdad meta-histórica capaz de interpretar y juzgar el pasado a la luz de los principios actuales (o precisamente de la falta de ellos).

La actuación decidida de las instancias políticas a favor de la ideología de la memoria, ha convertido a Extremadura, y más en concreto a alguno de sus municipios, en uno de los territorios en que los ciudadanos han tenido que sufrir con más encono esta ofensiva que nada tiene que ver con la historia a no ser su empleo como arma de un combate caracterizado por frecuentes episodios de pobreza conceptual, deterioro moral, agresividad y eliminación de toda voz discordante.

Solo por citar algunos casos, las instituciones públicas y privadas que promueven la llamada recuperación de la memoria histórica en Extremadura (entre ellas la Universidad, las Diputaciones de Badajoz y Cáceres y la propia Junta de Extremadura) presentaron unos listados en los que se presenta como “víctimas de la represión franquista”, entre otros muchos que no lo fueron, a un sacerdote asesinado por los milicianos en Badajoz, a una mujer asesinada por unos bandoleros en Monterrubio de la Serena, a un combatiente voluntario en las banderas de Falange o a un hombre que murió como consecuencia de las heridas que sufrió al caerse de un carro… Al tiempo, caen destruidos los testimonios monumentales vinculados al bando vencedor en la Guerra Civil y a la España de Franco —en ocasiones de alto valor histórico y artístico, como ha ocurrido con el desaparecido escudo de la Audiencia de Cáceres, obra monumental del escultor extremeño Pérez Comendador— y se procede a la glorificación indebida de otras personas y circunstancias.

Por eso el Foro Historia en Libertad ha dado con frecuencia difusión a trabajos de historiadores extremeños que responden al deber moral de dar a conocer nuestro pasado desde el rigor del método histórico. Buena parte de esos trabajos se reproducen ahora en esta obra de conjunto que se difunde con ocasión de la Jornada de Historia Política y propaganda en la retaguardia republicana: Extremadura 1936-1939, celebradas en Castuera (Badajoz) el 17 de septiembre de 2011. Esperamos que sirvan para mejor comprensión de lo ocurrido en una región que las izquierdas motejaron de “Extremadura Roja” y en la que el presidente del Partido Socialista Obrero Español, Francisco Largo Caballero, había anunciado y alentado la explosión de la guerra civil, como ocurrió en Don Benito el 8 de noviembre de 1933:

«Vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. (Gran ovación.) Esto, dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil. ¿Qué es si no la lucha que se desarrolla todos los días entre patronos y obreros? Estamos en plena guerra civil. No nos ceguemos, camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar»[4].

Se cuenta del emperador Carlos V que cuando era azuzado ante la tumba de Lutero a buscar los restos del heresiarca para entregarlos a la hoguera, respondió: «Ha encontrado a su juez. Yo hago la guerra contra los vivos, no contra los muertos».

Sea o no cierta la leyenda, hoy hay gente que prefiere hacer su particular guerra contra los muertos. Ahora bien, no olviden que hay personajes históricos que —como el Cid— pueden ganar las batallas incluso después de su muerte.

Foro Historia en Libertad

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[1] Vicente Palacio Atard, La España del siglo XIX, 1808-1898, Madrid: Espasa Calpe, 1981, p. 15.

[2] Ramón Salas Larrazábal, Pérdidas de la guerra, Barcelona: Planeta, 1977, p. 29-30.

[3] LEY 52/2007, BOE, 27-diciembre-2007 «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura». Paradójicamente, se excluye a quienes padecieron dicha persecución o violencia entre abril de 1931 y julio de 1936.

[4] “Un magnífico discurso de Caballero. No debemos cejar hasta que en las torres y edificios oficiales ondee la bandera roja de la revolución”, El Socialista (Madrid) (9 de noviembre de 1933), p. 6.